MANIFIESTO "LA LIBERTAD DE PREGUNTAR"

En una situación de crisis el derecho a la información es más importante que nunca. Con España en estado de alarma, el Gobierno disfruta de unos poderes muy superiores a los normales, por lo que es importante que la prensa realice su labor de control, más aún cuando el Parlamento ha limitado enormemente su actividad. La principal forma de ejercer esta función desde el periodismo es a través de las preguntas -y las repreguntas- a los miembros del Gobierno. 

Sin embargo, la Secretaría de Estado de Comunicación ha organizado un sistema en el que todas las preguntas enviadas por los periodistas pasan necesariamente por el filtro del secretario de Estado, que es quien se está ocupando personalmente de formulárselas al presidente, a los ministros o a los técnicos. Es más, el propio secretario de Estado ha llegado a formular alguna pregunta al presidente del Gobierno, o incluso ha tratado de corregir públicamente a alguno de los técnicos. 

Las dificultades técnicas no son más que excusas. Otros actores políticos, nacionales e internacionales, realizan ruedas de prensa telemáticas en las que los periodistas habituales formulan las preguntas directamente a través de videollamada. De esta manera, tienen la posibilidad de preguntar directamente, lo que les permite formular la cuestión después de haber escuchado la comparecencia. Del mismo modo, tienen la posibilidad de repreguntar. Es así, y sólo así, como las personas que dan la rueda de prensa no pueden responder con evasivas, tal y como ha sucedido reiteradamente en las ruedas de prensa organizadas en el Palacio de La Moncloa. 

Estas líneas no tienen como objetivo defender ni condenar la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus, sino garantizar que los medios de comunicación puedan realizar su función sin mordazas y sin dificultades añadidas. Estas no son más que excusas para controlar a la prensa. Que las preguntas al Gobierno las formule un miembro del propio Gobierno revela falta de transparencia y un interés por controlar la información. Su consecuencia deriva en una nueva forma de censura a los medios y un desprecio intolerable a los mismos ciudadanos a los que se reclama enormes esfuerzos que mayoritariamente están cumpliendo a rajatabla. 

En ningún caso la declaración del estado de alarma supone una merma en la aplicación del artículo 20 de la Constitución Española, que reconoce un derecho fundamental como es el derecho «a comunicar o recibir libremente información veraz» (20.1.d CE) y que el ejercicio del mismo «no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa» (20.2 CE). 

Por todo ello, reclamamos el inmediato cambio del procedimiento para todas las ruedas de prensa y comparecenecias de miembros del Gobierno y solicitamos el apoyo de los profesionales de la comunicación a una reivindicación no partidaria que mejorará la calidad democrática en España y el ejercicio de nuestros derechos civiles amparados en la constitución, máximo garante de nuestra convivencia, especialmente en situaciones excepcionales como la que vivimos.